Insolvencia en observación

Fernando Barros

Está en asimilación la decisión de la empresa chilena Corp. Group Banking S.A. (CGB), buque insignia del Grupo Saieh, de llevar a los tribunales de EEUU la solución de su iliquidez e insolvencia al amparo del denominado Chapter 11, paso que se habría dado, se sostiene, para proteger el valor de sus activos y así garantizar que todos sus acreedores sean tratados de manera justa, lo que estaría en peligro por cuanto acreedores locales no garantizados intentaban cobrar sus créditos vencidos.

La información disponible indica que alrededor de 40 inversionistas institucionales, compañías de seguros, administradores de fondos de terceros y fondos de inversión, entre otros, con acreencias por US$ 244 millones, iniciaron un proceso judicial cuestionando diversas operaciones efectuadas por la insolvente en los últimos años en perjuicio de los intereses de sus acreedores, como la adquisición de activos por sobre su valor de mercado y el otorgamiento de prendas y garantías en favor de sus empresas relacionadas, operaciones que, se alega, han generado la “descapitalización” y “vaciamiento” del patrimonio de CGB.

La legislación sobre insolvencia estadounidense contempla una jurisdicción expansiva, en términos que cualquier empresa con algún grado de vinculación con EEUU (incluso mantener una cuenta corriente bancaria o haber efectuado operaciones a través de sus entes reguladores orientadas a otros mercados), puede acogerse a la protección de sus tribunales.

Por su parte, las leyes de los países del domicilio del deudor y/o acreedores como en el caso de Chile, sólo se limitan a reconocer el procedimiento llevado ante el tribunal de EEUU, paralizando todos los juicios locales en contra de los activos del deudor, dejando únicamente a salvo el ejercicio local de acciones concursales y, aún el ejercicio de este tipo de acciones en Chile puede implicar duras sanciones a los acreedores de parte de los tribunales de EEUU. Siendo CGB una sociedad deudora chilena, a la que acreedores locales objetan operaciones efectuadas en Chile en presunta infracción de la legislación nacional, y las acciones iniciadas buscan someter al escrutinio judicial la alegada ilicitud de operaciones relacionadas que carecerían de “racionalidad económica” -afectando el patrimonio de CGB y perjudicado así el derecho de prenda general que todo acreedor tiene respecto de los activos del deudor-, resulta difícil de entender para los pequeños y medianos acreedores el que deban buscar la satisfacción de sus derechos en una sede judicial a 10.000 kilómetros de distancia.

Además de las dificultades prácticas, el elevadísimo costo de litigar en EEUU y la complejidad para un juez extranjero de conocer estas materias, a diferencia de otros casos en que se ha tratado de empresas con operaciones multinacionales o en que ha habido consenso entre deudor y acreedores de radicar el caso en ese país, el carácter local de CGB y las distintas áreas de negocios del grupo, la elección de la jurisdicción genera suspicacias en el mercado y frustración entre los acreedores.

El complejo escenario financiero que enfrenta el grupo Saieh, que podría no ser ajeno a los riesgos y vicisitudes propios de la actividad de un importante conglomerado empresarial, además de generar inquietud por la posibilidad de extensión de la insolvencia a otras áreas de su quehacer, impone al grupo empresarial en general -y al directorio de CGB en particular- la obligación de actuar con la máxima trasparencia ante el mercado respecto de las causas y verdadero alcance de la crisis por la que atraviesa, de forma que se despejen las inquietudes y sospechas sobre estos aspectos, evitando así dañar la reputación de esas empresas y de la comunidad empresarial toda.